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Comisión OIT: En Venezuela el ejercicio de la actividad sindical constituye un “alto riesgo”

La comisión, en el informe resaltó la violación de los derechos sindicales y dijo que éstos carecen de sentido cuando no existen tales libertades.

21/10/2019
Luego de casi 20 años de denuncias ante los distintos órganos de control de la OIT, en los cuales el gobierno desoyó los múltiples exhortos a cumplir los convenios, el caso llegó a su máxima instancia, al acordarse en marzo de 2018, la conformación de una Comisión de Encuesta, constituyendo ésta la número 13 en los 100 años de historia del organismo internacional.

Los miembros de la comisión, designados en junio de 2018, analizaron los alegatos de los empleadores querellantes, del gobierno venezolano y de los testigos de organizaciones sindicales de trabajadores llamados al proceso, prestados bajo el juramento de la Corte Internacional de Justicia.

La Comisión concluye que ejercer la actividad sindical en Venezuela constituye un “alto riesgo” y determina que “el Gobierno es responsable de tomar las medidas para asegurar que las actividades gremiales y sindicales legítimas puedan tener un desarrollo pleno y libre de violencia en el país, sin injerirse en las mismas”.

La comisión, en el informe emitido recientemente, resaltó además de la violación de los derechos sindicales que estos se basan en el respeto de las libertades civiles enumeradas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que éstos carecen de sentido cuando no existen tales libertades.

La comisión identificó un “persistente hostigamiento a Fedecámaras y a sindicatos no afines al Gobierno, que afectan la existencia y la acción de organizaciones libres e independientes y el desarrollo de un diálogo social de buena fe, en un ambiente de confianza y respeto mutuo”.

Estas prácticas se insertan en un “complejo entramado institucional e informal que hostiliza y socava la acción de Fedecámaras y de las organizaciones de trabajadores no afines al gobierno”, integrado por una multiplicidad de elementos jurídicos, políticos, institucionales, sociales, etc, que afectan el “funcionamiento del estado de derecho”.

Observó la comisión que, en muchos de los casos analizados, la imputación realizada por la fiscalía carecía de bases sólidas y que los jueces de control no exhibieron la independencia propia de sus funciones, lo que da muestra de la usencia de separación de poderes.

También resaltó la Comisión la situación de impunidad en los hechos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización e intimidación contra las organizaciones sindicales, pues no son esclarecidos, ni determinadas judicialmente las responsabilidades del caso, y la administración de justicia es tan lenta que los procesos se perpetúan, irrespetando el derecho a la tutela judicial efectiva; lo que representa una gravísima vulneración de las garantías de libertad sindical consagradas en el Convenio 87.
 
Cuestionó que el gobierno configure actividades propias del ejercicio gremial y sindical como un delito, así como el sometimiento de dirigentes civiles a la jurisdicción militar.
 
La Comisión lamentó no poder descartar que, hechos de violencia física o material, o la restricción de la libertad de expresión contra dirigentes sindicales, hayan ocurrido como consecuencia de su actividad sindical y gremial, con la intención de “impedir, disuadir o reprimir su realización”.
 
Adicionalmente, la Comisión hizo referencia a la falta de cooperación durante el procedimiento de los organismos de seguridad del Estado (Sebin, Dgcim, Cicpc, FAES y GNB), al no presentar los recaudos solicitados, al igual que lamentó la reticencia del Ministerio Público a entregar información esencial para la realización de sus averiguaciones de modo completo y objetivo, todo lo cual, en un  contexto generalizado de violencia y acoso, hace presumir que los órganos de seguridad del Estado actuaron en muchos casos, con un objetivo represivo y disuasivo, en grave vulneración de los derechos humanos, las libertades civiles y la libertad sindical.

 
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